México es un país pluricultural en el cual se identifican 68 pueblos indígenas que representan 9.9 por ciento del total de la población nacional, dichos pueblos viven en más de 654 mil localidades asentadas a los largo del país, sin embargo, es de destacar que la mayor parte de estas localidades se encuentran en situaciones de alta desigualdad socio-económica, así como, marcada desventaja social y jurídica.

El incremento de esta desigualdad se agudizó con la disminución 12.86% del presupuesto asignado para 2017, puntualmente para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); donde se realizó una disminución presupuestal de 51.21% que significó 6 mil millones de pesos menos aprobados incompresiblemente y de manera unánime por la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, en el año 2018 hubo un incremento mínimo a la base presupuestal castigada en los dos ejercicios fiscales señalados, mismo que no impactó de manera representativa ni causó un efecto mayor hacia el grueso de la población indígena.

Consecuencia de los párrafos que anteceden, podemos vislumbrar “lamentablemente” que la actual administración quedará en deuda nuevamente –si no existe un apoyo con recursos en el mediano plazo- con la sociedad más pobre del país, a pesar de las sensatas promesas y compromisos de campaña ofrecidos, previo a su arribo a la Administración Pública Federal.

No omitimos pormenorizar, que tal disminución gradual del flujo de recursos presupuestales, ha puesto en riesgo la cancelación de proyectos de infraestructura y productivos para los pueblos y comunidades indígenas, ha agudizado también la operación de la recién creada instancia federal de atención a pueblos indígenas Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que sustituyó a la antigua Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Compartimos la convicción y el compromiso de una austeridad hacendaria, pero no aquella que perpetúe la pobreza, la falta de oportunidades y haga endémica la marginación de los más de 68 pueblos indígenas que son y han sido la base que configura en muchas formas una identidad de esta gran nación.

Asimismo, queremos compartir con ustedes las recomendaciones de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, visitó nuestro país en el 2017. El 28 de junio del 2018 (A/HRC/39/17/Add. 2) presentó su Informe a la AG de la ONU. Tres de sus recomendaciones hacen referencia directa al presupuesto indígena de nuestro país. Textual los transcribo:

Rec. N° 97: "Las instituciones de gobierno deben contar con la capacidad y recursos necesarios para responder a las necesidades de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y acceso a la justicia... Los programas y las políticas de estas instituciones deben sustituir un enfoque asistencialista por un enfoque de derechos humanos que promueva la libre determinación de los pueblos indígenas".

Rec. N° 125: "Deben incrementarse los recursos financieros para que los pueblos indígenas puedan desarrollar e implementar sus propios modelos de desarrollo y bienestar en relación con la soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad, gestión comunitaria del agua, patrimonio cultural...".

Rec. N°94: "Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal..., para abordar sus graves problemas, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional, encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas...

Urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural".

En relación al presupuesto indígena, el Estado mexicano está obligado a cumplir el mandato del artículo 2° Constitucional y también, la obligación nacional e internacional de cumplir con las recomendaciones de la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 2 apartado B fracciones I y IX, 8, 25, 26, 73, fracciones XXVIII, XXIX, 74 fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dictamina el cumplimiento y la garantía por parte de los Diputados del Congreso de la Unión, las partidas específicas destinadas al cumplimiento de los derechos y desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, solicitamos de manera firme, respetuosa y urgente lo siguiente:

UNICO.- Que la Cámara de Diputados contemple por lo menos el presupuesto asignado a la CDI en 2015 que fue de 12 mil 129 millones, para el actual Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ello con miras a una proyección óptima del funcionamiento y operatividad del mismo.

ATENTAMENTE

RED NACIONAL INDIGENA, MOVIMIENTO INDIGENA DE LA CIUDAD DE MEXICO, COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS, ASAMBLEA NACIONAL POLITICA DE MUJERES INDIGENAS, CONGRESO NACIONAL DE COMUNMICACION INDIGENA, MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI, MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS, MOVIMIENTO NACIONAL, UTC, MUNICIPIOS CON SISTEMA DE GOBIERNO INDIGENA, CNPI.